El secretario General de UPCP, José Niz, reclama al Superior Tribunal de Justicia del Chaco que anule las medidas cautelares del Juez Civil y Comercial N° 17 , quien con dos medidas cautelares que se sustentan en la ley de la dictadura militar, dejando de lado la ley de paritarias, el convenio colectivo de trabajo general y los acuerdos paritarios incorporados a la norma convencional, suspendió el proceso de regularización laboral del personal que, en estado de precariedad, sostiene los servicios estatales que son esenciales para todos los ciudadanos chaqueños.
“Estamos ante un conflicto de poderes, porque el Poder Judicial se arroga facultades propias del Ejecutivo y además viola de modo manifiesto la Ley de Paritarias y el Convenio Colectivo de Trabajo”, sostuvo Niz.
“La gravedad institucional reside en que, nuevamente, la Justicia es puesta en duda en cuanto a su imparcialidad: el primer paso lo dieron diputados de extracción radical que cuestionaron la constitucionalidad de los decretos dictados que promueven una política de Estado en materia de regularización laboral. Posteriormente, el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 17 suspende la ejecución de los decretos 2656, 1453, 2118 y 2244, a pedido de dos personas; y luego el fiscal de Estado, que debería representar a la provincia del Chaco, interpone una acción de inconstitucionalidad contra los mismos decretos”, detalló el dirigente.
LAS PARITARIAS DEL SECTOR PÚBLICO
UPCP es integrante de la paritaria del sector público. Por eso, consideran que la máxima autoridad judicial en la Provincia debe preservar la estabilidad del Convenio Colectivo de Trabajo y los acuerdos paritarios homologados por la Dirección Provincial del Trabajo, que constituyen causa fuente de los decretos dictados por el gobernador, a los que la Ley de Negociación Colectiva les asigna la naturaleza jurídica de actos instrumentales de resoluciones de la parte trabajadora y la parte empleadora definidas en la negociación colectiva.
“La incertidumbre generada a partir de la judicialización del proceso de regularización laboral, transgrede los derechos adquiridos por miles de trabajadores que, durante la pandemia, no escatimaron esfuerzos para cumplir sus funciones, aun poniendo en riesgo su propia vida, y que hoy son reducidos a material descartable por las autoridades electas”, mencionaron desde el sector.
“Hoy en nuestra provincia, rige un nuevo régimen que se aplica a los trabajadores de la administración pública y a su empleadora, el Poder Ejecutivo Provincial, el que fue definido en acuerdo conjunto por dos partes; la parte trabajadora y la parte empleadora, en un ámbito institucional de negociación colectiva y que a futuro es el único espacio donde se decidirán las cuestiones relacionadas con las condiciones laborales, de empleo y tratativas salariales”, señaló Niz.
Para finalizar, aseguraron desde UPCP, que se venía desarrollando en un ámbito de diálogo las relaciones entre patronal y trabajadores, “pero el Poder Judicial y el Fiscal de Estado interrumpieron con su accionar la paz social. Reclamamos al Superior Tribunal de Justicia que, de modo expedito, garantice el pleno ejercicio de los derechos adquiridos, mientras seguiremos luchando en la calle para que se respete y garantice la ley de paritarias y la estabilidad del Convenio Colectivo y los acuerdo paritarios”, finalizaron.