El gobierno nacional anunció la implementación de un plan “antipiquetes” que denominó “Protocolo de Orden Público”, que apuntará a controlar los posibles cortes y movilizaciones en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.
“Incluye sanciones severas a los involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos y alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia”, precisó Manuel Adorni en Casa Rosada.
El vocero presidencial hizo una brevísima exposición en la que informó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encargará de dar mayores precisiones sobre este protocolo con control del orden público: “Lo hará estar tarde a las 16.45, por instrucción del presidente (Javier) Milei”, agregó antes de dar por concluido su mensaje.
El anuncio oficial asoma como una advertencia ante la serie de protestas que por lo bajo impulsan desde algunos gremios y organizaciones sociales, en rechazo a las medidas económicas que produjeron un fuerte salto de la inflación, particularmente en los alimentos.
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Postal de una de las protestas que las organizaciones sociales y sectores de izquierda realizaron frente al Ministerio de Desarrollo (Imagen de archivo: Franco Fafasuli)La idea parece inspirada en un esquema que Patricia Bullrich planificó cuando fue ministra de Seguridad nacional durante el gobierno de Mauricio Macri: en diciembre de 2017 se anunció la aprobación del protocolo para manifestaciones públicas, cuyo objetivo era contener las protestas.
En ese momento, la propia Bullrich fue la encargada de explicar qué era el nuevo esquema y comentó: “El gobierno del presidente Mauricio Macri no quiere que, durante los próximos cuatro años, las calles sigan siendo un lugar diario y permanente de problemas. No vamos a permitir que la calle sea un caos. Queremos cambiar la cultura del corte”.
Si bien la idea de ahora es similar a la de 2017, fuentes de Seguridad consultadas por Infobae explicaron que en esta ocasión el denominado Protocolo de Orden Público tendrá algunas diferencias con el que dio a conocer hace seis años.
El anuncio de esta tarde se conocerá luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles realizarán un “paro activo” en la Plaza de Mayo.
”Se decidió realizar un paro activo el 20 con otros sectores, gente del movimiento obrero, sindicatos docentes, de la Unión Ferroviaria, ante los anuncios de Caputo, que son un ‘Rodrigazo’ brutal contra los trabajadores”, confirmó el martes a Télam el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
La jornada de protesta coincidirá con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con decenas de muertos y finalmente la renuncia del exmandatario radical.
Ayer, en una reunión convocada de urgencia, la CGT consideró que “el ajuste de Milei castiga al pueblo y no a la casta” y que las medidas anunciadas por Luis Caputo “generarán una fuerte aceleración del proceso inflacionario que dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores”, por lo que reclamó al Gobierno “una convocatoria al diálogo” y advirtió que “no se va a quedar de brazos cruzados”.
Esta mañana, la vicepresidenta Victoria Villarruel le pidió prudencia al sindicalismo hasta que se tomen medidas. “Es un Gobierno de cuatro días, así que espero que la CGT sea lo suficientemente prudente como para esperar que se tomen las medidas y, además, no adelantarse. No hace falta empezar con un grado de agresión o conflictividad social sobre algo que todavía no se especificó en los hechos”.
”Estamos recibiendo los 16 años de desmadre del kirchnerismo y los cuatro del macrismo, son 20 años de una situación profundamente difícil para el pueblo argentino. Así que no sé qué otra herencia esperaban que recibiéramos. Magia no podemos hacer en cuatro días”, concluyó.