El Ejecutivo provincial dispuso la cesantía del médico Abel Oscar Salto, quien se desempeñaba como personal de planta permanente en el Hospital «Almirante Brown» de Pampa del Infierno, con un régimen de dedicación exclusiva de 44 horas semanales. La decisión se tomó luego de una investigación administrativa que concluyó que el profesional incurrió en graves irregularidades e incompatibilidades laborales.
Según consta en el decreto 907/25, la investigación se originó a partir de una denuncia interna del propio hospital, en la cual se detallaba que el doctor Salto no registraba correctamente sus egresos laborales y que no realizaba guardias médicas por presentar certificados que lo autorizaban únicamente a cumplir tareas pasivas (consultorios). Sin embargo, una auditoría reveló que durante febrero de 2024 el médico figuraba asignado a numerosas guardias, que no habría cumplido.
Además, se adjuntaron capturas de publicaciones en redes sociales y otros documentos que probaban que Salto ofrecía atención médica privada en el Sistema Asistencial de Enfermería (SAE) , una entidad habilitada como consultorio de enfermería, donde figuraba su nombre y número de teléfono como profesional a cargo.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas concluyó que el médico violó el régimen de dedicación exclusiva, previsto en la Ley N° 292-A y complementarias, que prohíbe expresamente el ejercicio de la profesión liberal de manera paralela a la función pública cuando se percibe una bonificación específica por dedicación exclusiva.
Durante el sumario, el médico presentó un memorial de defensa en el que alegó que las actividades en el SAE correspondían a capacitaciones no remuneradas, y que su ausencia en las guardias se debía a problemas de salud –alegó padecer anquilosis de cadera–. Sin embargo, el informe de Salud Ocupacional descartó cualquier incapacidad laboral, y se constató que el profesional no había impugnado las pruebas presentadas.
El dictamen final, respaldado por la Dirección de Sumarios y la Asesoría General de Gobierno, confirmó que el doctor Salto transgredió normas esenciales del Estatuto del Personal de la Administración Pública, incluyendo principios de ética, transparencia y compatibilidad de funciones. Por ello, se dispuso su cesantía definitiva del cargo, como sanción disciplinaria.