A través de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional inició formalmente el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que administra más de 6.000 kilómetros de rutas nacionales. El objetivo es transferir la operación de 8.000 km a manos privadas en un plazo de 12 meses y disolver la firma al finalizar ese proceso.
La medida fue establecida mediante la resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía, que instruye a distintas áreas del Estado a avanzar en la concesión de los tramos viales bajo el sistema de peaje. La decisión se enmarca en la Ley Bases aprobada en 2024 y en el decreto 95/2025, que habilitó la privatización de empresas públicas.
Uno de los primeros pasos será la licitación de la llamada “ruta del Mercosur”, actualmente gestionada por Corredores Viales desde abril, luego de la finalización del contrato con Caminos del Río Uruguay (Cursa). Las ofertas se abrirán el lunes 8 de septiembre, y esta licitación funcionará como prueba piloto para el resto del proceso.
La resolución también establece que la Secretaría de Transporte deberá concretar la extinción, por mutuo acuerdo, de los contratos vigentes entre el Estado y Corredores Viales. Además, deberá relevar el estado actual de las rutas y obras en ejecución, y definir cómo se dividirán los tramos para su futura concesión.
En paralelo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar las acciones para cumplir con el cronograma de privatización, incluyendo la valuación de los activos de Corredores Viales y los flujos económicos futuros relacionados con las nuevas concesiones.
Todos los procesos licitatorios se llevarán adelante a través de la plataforma digital Contrat.AR, según lo dispuesto por la misma norma.
La intervención de Corredores Viales, que había sido prorrogada en julio, se mantendrá vigente hasta la liquidación final de la empresa.