La Cámara de Casación Penal revirtió el fallo del Tribunal Oral Federal de Resistencia, que absolvió el año pasado a los exfuncionarios del gobierno provincial durante la gestión de Domingo Peppo . Tendrán que dictar nuevo veredicto. La presentación fue formulada por el Ministerio Público .
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló este lunes las absoluciones de Horacio Rey, Roberto Lugo y otras 10 personas por la causa Lavado I que investigó una organización dedicada al lavado de dinero y que habría operado desde la administración pública del Chaco durante los años 2011 a 2018.
En un fallo de 215 páginas al que accedió, jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky también confirmaron las condenas contra Claudia Soledad Varela y Carlos Manuel Amarilla, quienes recibieron las penas de tres años de prisión en suspenso y una multa de dos veces el monto de las operaciones atribuidas por considerarlos autores penalmente responsables del delito de lavado de activos.
Según había acusado el Ministerio Público Fiscal, Horacio Rey -ex secretario general del Gobierno del Chaco- y Roberto Lugo -ex ministro de Desarrollo Social del Chaco- se valieron de la jerarquía de sus cargos para elaborar una estructura que permitió simular una apariencia lícita al dinero proveniente de hechos de corrupción.
Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia deberá volver a revisar las sentencias de los siguientes imputados: Roberto Marcelo Lugo, Mónica Viviana Yaczuk, Ricardo Ariel Retamozo, Ismael Ángel Fernández, Cristina Mariel Dellamea, Ramón Alejandro Chávez, Carlos Rubén David Osuna, Miguel Ángel Vilte, Héctor Horacio Rey, Patricia Noemí Vázquez, Iván Alejandro Bilcich y María Laura Aguirre.
La causa Lavado I causó gran polémica en la provincia por encontrarse implicados ex funcionarios gubernamentales. Mediante esta organización ilícita, los acusados habrían generado enormes ganancias que fueron aplicadas a la compra de diversos bienes, pagos de servicios y capitalización de empresas. Además, según la acusación, los imputados registraron aumentos patrimoniales incompatibles con su capacidad económica y los ingresos lícitos registrados.