El ayudante fiscal Peña, policías y gendarmes, envueltos en una causa por asociación ilícita: piden la elevación a juicio

El fiscal federal Patricio Sabadini formuló el requerimiento de elevación a juicio en la causa por supuesta asociación ilícita e infracción a la Ley de Estupefacientes, en la que se investiga a personal policial de la provincia y miembros de la Justicia. Entre ellos, el ayudante fiscal, Ariel Adrián Peña.

 

Para Sabadini, “la instrucción sumarial se encuentra completa”, luego de más de dos años de investigación en el marco de dicha causa, y tras las numerosas detenciones de los agentes de diversas fuerzas policiales.

 

La detención de Ariel Peña y de otros efectivos de la Policía del Chaco, Policía Federal y de Gendarmería Nacional, se dieron en octubre del año pasado, tras una serie de allanamientos en Sáenz Peña, Castelli, Tres Isletas y Fuerte Esperanza.

 

En aquel entonces, Peña cumplía funciones en Castelli como integrante del fuero Narcomenudeo, que depende de la fiscal de Resistencia, María Eugenia Arechavala, y actualmente está sindicado como el jefe de la organización.

 

“Se atribuye a Ariel Adrián Peña, Ayudante Fiscal Antidrogas del Poder Judicial del Chaco, quien junto a José Daniel Noguera, Ricardo Miguel Boituzat, Ariel Alejandro; Patricia Giménez y Enzo Aguirre, funcionarios de Gendarmería Nacional y Héctor Mateo López policía de la provincia del Chaco, formar parte de la organización criminal, dedicada al armado de procedimientos relacionados a hechos de narcotráfico que tuvieron lugar en el interior de la provincia del Chaco, principalmente en Presidencia Roque Sáenz Peña, y en las localidades de Castelli, Miraflores, y Tres Isletas y también en la ciudad de Resistencia, organización al frente de la cual se encontraba Peña, junto al personal de distintas fuerzas de seguridad, actividad que fue desplegada por lo menos entre el mes de mayo del año 2021 hasta octubre del año 2022”, detalla el expediente respecto a la imputación.

 

En los allanamientos, en tanto, “se secuestraron dispositivos electrónicos, armas sin numeración, documentos y, en alguna dependencia policial, material de estupefaciente en forma irregular como también en la oficina del agente fiscal material”, y agregó que “en una comisaría se secuestró trozos de droga en lugares que no podrían estar, mientras que en la fiscalía había cantidades en sobres cerrados”.

 

La investigación inició en septiembre de 2021, tras información aportada por un testigo protegido dando cuenta de la existencia de una organización criminal, dedicada, entre otras actividades, al tráfico de estupefacientes en las localidades de Castelli, Miraflores y Tres Isletas.

 

Dentro de esta investigación, Ariel Adrián Peña está imputado como jefe de la asociación ilícita.

 

Mientras que, Héctor Mateo López, policía de la provincia del Chaco, junto a José Daniel Noguera, Ricardo Miguel Boituzat, Ariel Alejandro; Patricia Giménez y Enzo Aguirre, funcionarios de Gendarmería Nacional, se encuentras todos imputados por el delito de asociación ilícita en calidad de miembro, tráfico ilícito de estupefacientes, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

 

En tanto, al efectivo de la Policía del Chaco, Carlos Fernando Miño se lo imputó solo por el delito de “amenazas”. Sin embargo, el fiscal Sabadini pidió continuar investigando a Miño y a otro policía involucrado, Cristian Roberto Obregón, en el marco de una nueva causa.

 

A su vez, en relación a los funcionarios Enzo Gabriel Aguirre, Jorge Carlos Osicka y Héctor Adolfo Gay, mencionados en varios pasajes del expediente como miembros de la asociación ilícita, se aclara que estos ya han sido imputados en el marco de otros expedientes que se tramitan ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña y ante el Juzgado Federal de Resistencia, “por hechos que han sido descriptos o analizados en la presente causa, pero que no forman acusación en contra de los mismos, ello ante el conocimiento que han sido acusados”.

 

En el expediente, el fiscal Patricio Sabadini fundamenta las imputaciones en diez procedimientos, que darían cuenta el funcionamiento de la organización criminal encabezada por Peña. Y formuló el requerimiento de elevación a juicio.

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