Desde el Colectivo de Salud Mental de la Provincia del Chaco salieron a pronunciarse “ante el avasallamiento y trato inadecuado a equipos de trabajadores por parte de la actual gestión del Ministerio de Salud Pública de la Provincia”.
“Cuando decimos que “hay equipo”, decimos que creemos en los vínculos, que entendemos que los lazos nos sostienen y que aprendimos que es con otros que se hace salud y salud mental. Que la palabra es un medio que permite a veces acercarnos y apostamos por eso cada vez. Que los dispositivos, los servicios, los centros tenemos la capacidad de alojar, de ser hospitalarios y aunque sea en pequeña parte, disminuir el desamparo, la vulnerabilidad, la locura. Así cobra valor lo público”, expresaron.
En ese marco, por medio de un comunicado de prensa, expusieron que “en los últimos años, los trabajadores de Salud Mental del sector público” debieron “presenciar, resistir y defenderse ante sistemáticos actos inadecuados de una gestión ausente, que se presenta en ocasiones para, con medidas arbitrarias establecer modos de trabajo institucional, desconociendo que en el campo de la salud mental es imprescindible la construcción colectiva, el trabajo interdisciplinario, intersectorial y el respeto por los tiempos y los procesos”.
Así, señalaron que “el día 24 de noviembre del 2023 ocurrió en Resistencia una situación avasalladora de los derechos de trabajadores, usuarios, y de la comunidad en general”, y detallaron: “Un dispositivo de salud pública, el Centro de Referencia en Consumos Problemáticos, que hace nueve meses se encuentra sin espacio físico donde atender (debiendo brindar atención en espacios cedidos por otras instituciones), ha sido inaugurado… Lejos de ser un momento de celebración, no sólo no se convocó a los trabajadores de tal institución a la apertura, sino que además, en el mismo momento que una parte de las autoridades inauguraban el lugar, la actual subsecretaria de Salud Comunitaria, entornos saludables y no violentos comunicaba a la Directora de la institución que quedaba apartada de la función”.
“Si bien esto no pone en riesgo su lugar de trabajo pues lo ha obtenido por concurso, expone a la trabajadora a quedar nuevamente incluida en un circuito de crueldad que esta vez pone en juego parte de sus proyectos profesionales”, apuntaron.
Asimismo, agregaron que “además de lo anterior, al día de la fecha el equipo de profesionales y administrativos del Centro de Referencia en consumos problemáticos no posee indicaciones de cómo continuar afectando esto la atención, la modalidad de trabajo de la institución y la vida de los agentes”.
“Esta es sólo una de las historias que como colectivo exponemos en este comunicado. Nos encontramos en condiciones de plantear que la vulneración de derechos a los trabajadores de numerosas instituciones de salud mental fue sistemática y sostenida, y afirmamos que la violencia, el desalojo, la omnipotencia, venga de donde venga, no produce salud, sino que la deteriora y la empobrece”, concluyeron.